El informe del Presidente
sobre seguridad ciudadana
La semana pasada, el
Presidente de la República, concurrió al Congreso de la Nación, a los efectos
de dar cumplimiento a lo establecido por el Art. 184 de la Constitución
Nacional. A la versión escrita del
informe, hemos podido acceder a través de la
página oficial de la Presidencia.-
En esa oportunidad, rindió
informe de las gestiones correspondiente a su primer año de Gobierno,
incluyendo un capítulo a lo que denominó “Orden Interno de la República”, es
decir, a la seguridad interna o seguridad ciudadana.-
En el mencionado informe, el
Presidente ha hecho referencia al proyecto de Estrategia Nacional de Seguridad
Ciudadana, a la formación y capacitación de los Agentes de la Policía Nacional,
a la incorporación de tecnología, y mejoras en las intervenciones con un
adecuado manejo de uso de la fuerza. Y nos detenemos en este último punto,
pues, en el informe no se ha señalado cuales son los proyectos específicos para
lograr este objetivo.-
Desde
esta misma columna hemos lamentado la pérdida de vidas humanas en manos de las
fuerzas de seguridad, por la falta de capacitación y tecnología adecuada para enfrentar
situaciones de crisis. El uso de la fuerza letal, sigue siendo la primera (y
única opción) con que cuenta la Policía Nacional, violando los “Principios Básicos sobre el Empleo de la
Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la
Ley”, Adoptados por el 8º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención
del Delito y Tratamiento del Delincuente (1990), que expresa la necesidad de
que gobiernos y organismos encargados de hacer cumplir la ley doten a sus
funcionarios de “…armas incapacitantes no
letales para emplearlas cuando fuera apropiado, con miras a restringir cada vez
más el empleo de medios que puedan ocasionar lesiones o muertes…”.-
La
falta de reglas claras, de capacitación adecuada y del uso de instrumentos
tecnológicos, tales como inmovilizadores (Pistolas electicas, gas pimienta,
etc.), ponen en riesgo la vida de los ciudadanos, no solo por la acción de los
delincuentes, sino también, por la ausencia de orientación, preparación y
equipos de los integrantes de las fuerzas de seguridad del Estado, cuya misión
principal – paradójicamente – es, precisamente velar por la preservación de
nuestra vida e integridad física, por virtud de lo establecido en el Art. 4 de
la Constitución Nacional.-
Existen
varias “fotografías” que ilustran claramente la situación. Una de ellas, la
brutal persecución y tiroteo de la que fue víctima un joven de 22 años en Pedro
Juan Caballero, el sábado 28 de junio pasado, protagonizado por agentes de la Senad, o el homicidio de un motociclista que eludió una
“barrera de control” montada por la entonces Policía Caminera, en las afueras
de Encarnación, en agosto del año pasado, entre otros episodios fatales,
absolutamente innecesarios.-
En
otro orden de cosas, el Informe presidencial, presentó como resultado de las
gestiones del Ejecutivo en el área de Seguridad interna que “…que en el período de agosto 2013 a junio
2014, la Policía Nacional detuvo a un total de 7.606 personas con órdenes de
captura y aprehendió a un total de 15.152 personas, dando así cumplimiento
convencido a su deber constitucional…”.-
Los
números del Presidente, no tienen ningún significado, ningún impacto al momento
de evaluar la calidad de vida y seguridad que el Estado brinda a la población.
Los números que importan son otros. Son aquellos que reflejan la cantidad de
hechos punibles cometidos, y en específico los que se relacionan con los
delitos de inseguridad ciudadana, tales como los de asaltos callejeros, arrebatos,
robos domiciliarios (Lesiones y muertes provocados por “motochorros”,
“peajeros”, “descuidistas”, etc.)
Las
cifras que arrojen las estadísticas de estos hechos habrán de ser comparadas
con las correspondientes a los mismos periodos de años anteriores, a fin de
lograr un resultado en la evaluación de avances o retrocesos en la lucha contra
la inseguridad ciudadana.-
Los
números del Presidente carecen de trascendencia, porque la simple aprehensión o
detención de “sospechosos” no puede traducirse en la disminución de la
inseguridad ciudadana, porque dichos procedimientos policiales deben ser
examinados por Fiscales y Jueces, quienes en definitiva determinan si aquellos
se han ajustado a las disposiciones legales, y si las causas que los motivaron
encuentran justificación para confirmar la privación de libertad dispuesta por
la autoridad policial, o son simplemente el fruto de la arbitrariedad de los
Agentes, como ocurre casi a diario.-
En
estos puntos específicos, el Informe del Presidente de la República, no ha
aportado los datos esperados por la sociedad, ni las cifras estadísticas que
pudieran alentar la esperanza de que los trabajos, en materia de seguridad
ciudadana transiten por el camino adecuado. Así las cosas, pareciera que
tendremos que seguir esperando un “nuevo rumbo” en este aspecto.-
Jorge Rubén Vasconsellos